EL DESPROPÓSITO MEDIÁTICO DEL RÉGIMEN COLOMBIANO CUÁL ES EL VALOR DE LA SOBERANIA DEL PUEBLO AL INTERIOR DE LA DEMOCRACIA COLOMBIANA?...

Juan Manuel Santos Calderón, el Presidente de los colombianos, manifestó en su alocución del pasado 20 de Julio de 2012, en donde se habría de conmemorar una nueva fecha de la independencia de la nación, frente al yugo del imperio español, hace ya más de 200 años, y de lo cual, no parece haber cesado. De igual manera para ratificar una institución altamente permeada por la corrupción, por el favorecimiento al capital privado extranjero, y por ser una guarida de delincuentes de cuello blanco, provenientes del narcotráfico y del paramilitarismo, que dicho sea de paso, ya la clase popular está asteada de tanta infamia e ingobernabilidad desde esa instancia de poder legislativo.

 “…Que el país, no se explicaba el por qué del maltrato de los integrantes del movimiento indígena, frente a los soldados de la patria, que lo único que hacían era defender la democracia en Colombia, que tanta humillación no era pertinente para con quienes lo han dado por la paz, la seguridad y el bienestar de los colombianos…”

 Lo anterior, refiriéndose a las escenas manipuladas por los grandes medios de desinformación y que el mismo régimen controla, cercenando una vez más, al pueblo colombiano del derecho a ser informado de manera clara e imparcial, pero claro, con esa maniobra se logran afianzar varios intereses de parte de la oligarquía nacional e internacional.

 Primero, intencionalmente se oculta la verdad bajo la perspectiva de mantenerse incólumes en el poder social y político, o como ellos mismos lo califican, “es la democracia más antigua del continente”, y desde ya les pregunto, eso si será cierto?.

 Segundo, invisibilizar las acciones de resistencia de un sector social amplio e influyente, como lo es el indígena, y con ello, poner una venda sobre los ojos de los colombianos, sobre la realidad agraria, económica, campesina, cultural, educativa, laboral, de salud, saneamiento básico, vivienda urbana y rural; que no son más, que el producto de la aplicación de políticas capitalistas a favor de la clase dominante, a través del “Congreso de la República” –que ironía, bajo el sofisma de democracia- y que han venido de manera paulatina pero segura, despojando de bienes, derechos, garantías y pertenencias a la clase popular.

 Tercero, impera desde el régimen un sentimiento de valor y respeto a la patria, los héroes –soldados- de la patria; pero cabe preguntarnos, ¿la patria de quiénes y para quiénes?, porque los que estamos bajo el rasero infame de sobrevivir con menos de los escuetos tres salarios mínimos legales mensuales, no tenemos el poder adquisitivo para adquirir alimentos, pagar arriendo, estudio de nuestros hijos ni para superación profesional personal; mucho menos, para movilizarnos en sistemas transportes masivos de carácter privados. En este orden de ideas, ni que decir, de aquellos colombianos considerados por el DANE como los pobres y en condición de pobreza absoluta o extrema, ellos si deben ser catalogados como verdaderos “héroes” puesto que están obligados a sobrevivir con menos de 400 mil pesos mensuales, de los cuales deben pagar arriendo en cinturones de miseria, alimentación, transporte, educación y lo hacen con grandes dificultades.

 Frente a otros que se ganan más de 25 millones de pesos mensuales, y no tienen con qué pagar el tanqueo de combustible de su carro, o de otros que a pesar de ganar millonarias sumas, reciben pensiones, auxilios y otras dadivas por parte del Estado, personalidades que se pensionan con montos estrafalarios que no se compadecen con el valor de la pensión mínima para más del 65% de los colombianos que actualmente están laborando y aportando al sistema general de seguridad social en pensiones, eso, si la alcanzan o se hacen merecedores de ella, con el requerimiento de la edad, tasada por el actual modelo pensional.

 Cuarto, los grandes terratenientes que han forjado su patrimonio con el desplazamiento forzado de los pequeños propietarios colindantes, con fraudes de escrituras públicas ante las notarias, por el desarrollo de mega proyectos u obras civiles que se trazan pero no se ejecutan, con el auspicio del narcotráfico y paramilitarismo quienes siembran terror en territorios y luego inciden para la proliferación de monocultivos que no se compadecen de la crisis alimentaria y nutricional por la que está atravesando la nación colombiana, con tal de que a ellos, eso si, a unos pocos, esos “negocios o inversiones” les den rendimientos económicos, status social y político en cada región del país.

 Quinto, la guerra es un verdadero negocio, que deja inmensas ganancias a los que participan activamente del tráfico de armas, los datos oficiales sobrepasan los 3.5 billones de pesos anuales en el mercado negro de la guerra, y por tal motivo, la paz no le conviene a estos personajes siniestros y lo más patético es que el modelo que todos los gobernantes quieren imitar –norteamericano- es el que aporta el mayor número de armas ilegales en el actual conflicto interno que se desata en Colombia. Los planes de expansión y control del hemisferio por parte del consenso de Washington, Congreso estadounidense, el Pentágono, CIA, FBI, DEA entre otras agencias que disponen de millones de dólares en los proyectos conocidos como: Plan Colombia, Plan Puebla Panamá, Plan Patriota, e incluso el TLC; que no son más que el escalonamiento de conflictos bajo la perspectiva de la guerra prolongada, de baja intensidad, o de cuarta generación que incita a la delación, al sapeo entre la clase popular para combatir supuestamente al enemigo interno u oculto como se le denomina militarmente.

 De este último factor, se desprenden entonces las aspiraciones de Álvaro Uribe Vélez al consolidar como efectivamente lo hizo bajo sus mandatos como gobernador en Antioquia y presidente de Colombia, al espectro paramilitar, cuya misión esencial no era como se ha afirmado ante la comunidad internacional, de una propuesta anti subversiva, sino que por el contrario, se proponen controlar militar, social y políticamente zonas geográficas en donde se presenten vestigios de resistencia social frente a las políticas antipopulares de parte del Establecimiento, y en el mejor de los casos, posicionarse en tierras apetecidas por el capital transnacional para la implementación de sus inversiones que se traducen en despojo integral para la clase popular, viabilizando a través del terror, lograr el desplazamiento de grandes capas humanas desde el campo colombiano hacia los cinturones de miseria en las medianas y grandes ciudades. En fin se trata ante todo de “Eliminar resistencias, a como de lugar”.

 Pero a quien le cumple ordenes, este “pacificador”, el mayor mercenario con que cuenta la historia criminal de Colombia – Uribe Vélez, pues justamente, es a ese capital transnacional extractivo de nuestras riquezas naturales –agua, hidrocarburos, maderables y minerales; a aquellos pulpos económicos que se benefician de los créditos hipotecarios, de los empréstitos públicos y privados, de la privatización de los servicios públicos esenciales como la educación, salud, servicios domiciliarios, telefonía fija y móvil, de la tercerización y precarización laboral y prestacional.

 Empresas o grupos como: Morgan PG, Citigroup, Glencore, Drummond, Oxi, BP, MPX, Nestlé, Xtrata, Anglogold Ashanti, Chiquita Brands, Pacific Rubiales, Cosego Resources, Smurfit Kappa Cartón de Colombia, Oro Cauca – Greystar, Coca Cola, Colgate Palmolive, Kraft Foods – Cadbury Adams, Emgesa, Endesa, Gerdau, Unión Fenosa, Gas Natural, Argos, Grupo Económico Antioqueño, Ardila Lule, Grupo Santodomingo, Sarmiento Angulo, son las personas jurídicas económicas que de una u otra forma han auspiciado desde hace muchos años, la desigualdad social y por ende el escalonamiento sistemático del conflicto social y armado en Colombia; y de las cuales el anterior mandatario obedecía al pie de la letra todas sus imposiciones de flexibilización legislativa para poder venir o continuar invirtiendo en nuestro país, aún en contra de la Carta Política de 1991, justamente por ello, es su brutal arremetida reformista en contra del modelo constitucional colombiano, por ser considerado excesivamente proteccionista.

 Ahora los iconos de la democracia, a los que le brindan todo el despliegue desinformativo a nivel nacional e internacional, son los militares “llorones”, que vergüenza, si, claro, porque son los mismos que han atropellado a la población colombiana de manera constante y permanentemente con requisas que violentan la intimidad personal principalmente de las mujeres en todas las carreteras y vías del país; los mismos que primero disparan y luego preguntan de quién se trata o para dónde se dirige; aquellos que limitan adrede la libre locomoción de los colombianos; pero por supuesto, hablamos es de esos uniformados oficiales que protegen y vigilan las instalaciones e infraestructura del gran capital.

 Pero en gracia de discusión, por qué llora el sargento segundo Rodrigo García Amaya adscrito al Batallón de Alta Montaña No. 8, será porque salió derrotado por una masa popular sin armas, que solo la acompañaba el sentimiento ancestral de administración y control territorial contemplado en el Derecho Mayor y, el afán incansable, de ubicar caminos prácticos para la paz entre los colombianos; óigase bien, ambos preceptos no son ajenos a la vida democrática de Colombia, puesto que se encuentran contemplados en la Constitución de 1991.

 Llora a pulmón rajado García Amaya, porque lo sacaron del Cerro Berlín, un cerro estratégico para el ejército nacional, pero que es escarpado, sin agua, sin vegetación en su falda y donde estaban era para proteger justamente las dos antenas de empresas multinacionales de comunicación o telefonía móvil, que berraquera, que chimba de héroes. Ellos nunca protegieron a la población de Toribio de la amenaza subversiva, para las fuerzas castrenses y el gobierno nacional, no habían compatriotas en esa región del país, solo unas torres de metal y tornillos; en tal virtud, les preguntamos a los lectores, será esa, la verdadera función de las fuerzas militares en Colombia?.

 Si la función constitucional es proteger la vida, honra y bienes de los colombianos, por qué entonces construyen fortificaciones militares en zonas de conflicto al pie de los bienes públicos como escuelas o colegios, iglesias, puesto de salud u hospitales, de la plaza de mercado, o en el parque central de la población, será para protegerse con escudos humanos del enemigo, o por qué en su recorridos de control territorial utilizan las escuelas y viviendas de las comunidades como bases temporales, determinando de contera, una suspensión arbitraria de clases para los niños y jóvenes rurales de toda Colombia, quebrantando el principio del DIH del principio de distinción al interior del conflicto, para no involucrar a la población civil en la dinámica de la guerra. Por qué los batallones de alta montaña se ubican en inmediaciones de los predios de los mega proyectos orientados por el gobierno y la burguesía internacional?.

 O será que berreaba el suboficial, porque ya no cobraría un salario de guerra al ser sacado de la región catalogada como “zona roja” o de “alto conflicto” y que le generaba un considerable incremento económico sobre su mesada ordinaria, para él y su grupo familiar en aras de vivir dignamente.

 Pero entonces nos angustian otras preguntas tan simples y populares, como las siguientes: Por qué el establecimiento si se conduele de un miembro de la fuerza pública que está y debe estar, habituado al fragor de la guerra, de las consecuencias que de por sí, un enfrentamiento generan en la humanidad del combatiente como la amputación de sus miembros o extirpación de órganos, e incluso pérdida de un amigo o compañero.

 Más, no lo hace cuando las madres de los jóvenes que fueron asesinados por los “héroes” de la patria, suplicaban justicia frente a los que les colocaron prendas militares y los hicieron pasar como guerrilleros dados de baja en combate, en los mal llamados “falsos positivos”. O las lagrimas de los familiares de los menores ultrajados, abusados sexualmente en Arauca, Choco y Nariño por parte de estos mismos “héroes”; y de manera extraña, esos famosos medios de desinformación tampoco hacen una remembranza de las injusticias y vejámenes que cometen a diario los miembros de las fuerzas castrenses, ni siquiera el Estado se acoge los fallos de la justicia ordinaria, sino que defiende a ultranza lo indefendible, por el simple hecho de tratarse de un uniformado oficial.

 Iguales o peores son los crímenes de estado, auspiciados y apoyados por los mega héroes de la patria, los altos mandos del ejercito y la policía nacional, que han brindado colaboración eficaz y efectiva al espectro paramilitar en todo el territorio nacional, para que le den rienda suelta a toda su demencial barbarie plasmada en asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento y torturas.

 Valga la pena advertir que todos los sectores sociales que estamos realizando oposición política al régimen oligárquico colombiano, justamente por el desequilibrio social y político direccionado desde él mismo, entre los que nos encontramos: obreros, estudiantes, campesinos, indígenas, comunidades negras, sectores populares; hemos sido victimas de la guerra sucia existente en Colombia, impuesta a través de amenazas escritas, telefónicas, mensajes de texto, desplazamiento, hostigamientos, persecuciones. Pero también, hemos sido victimas del conflicto en si mismo, ante la muerte selectiva y masacres a manos de miembros de la fuerza pública y de hordas paramilitares a las que se les suministro información precisa de líderes y dirigentes por parte del DAS particularmente, fuerzas paramilitares a las que de manera extraña el establecimiento desconoce como tal, por el contrario las invisibiliza y minimiza su accionar, no solo considerándolas sino que las presenta ante la comunidad nacional e internacional, como grupos emergentes o bandas criminales.

 Todo lo anterior en el ánimo de desenmascarar a los autores intelectuales de todos los crímenes cometidos por el establecimiento colombiano y sus agentes o aliados, en más de sesenta (60) años de guerra fratricida, que lo único que ha logrado es el desangre inmisericorde de miles hogares colombianos, representado en: muertos, viudas, huérfanos, discapacitados, secuestros, retenciones, torturas,  tratos crueles, prisioneros, deserción escolar y demás.

 Finalmente, el Departamento de Lucha Contra Empresas Transnacionales y Solidaridad de la Subdirectiva Valle del Cauca, de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT, sostiene, que si el Estado y la burguesía colombiana, quieren terminar la guerra, deberán mínimamente implementar políticas de bienestar general para los colombianos, o de lo contario es continuar posando ante la comunidad nacional e internacional como los pastorcitos mentirosos, o con buenas intenciones, pero sin la voluntad política de efectuarlas; por lo tanto propone el siguiente temario para ser tenido en cuenta, en la eventualidad de habilitar algún escenario de paz en el suelo colombiano o porque no fuera del país, jalonado por organismos multilaterales:

 A). En lo laboral: Abrir empresas y puestos de empleo para las personas en edad de producir, recuperar las empresas entregadas vilmente por debajo del precio real al capital privado, derogar la legislación sobre seguridad social, derogar el actual sistema pensional,

B). En lo minero energético: Nacionalizar los recursos minerales e hidrocarburos, elevar el agua como derecho fundamental para la humanidad, derogar todas las licencias o concesiones mineras otorgadas desde el 2002 por el anti gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

C). En lo Agrario: Reverdecer nuevamente el campo colombiano con una reforma agraria que albergue la problemática de la tenencia, propiedad, uso de suelos, seguridad alimentaria, acompañada con políticas de créditos, abonos, semillas, insumos y herramientas, sustitución de cultivos,

D). En lo Educativo: Recuperar como función pública y de carácter estatal la educación, eliminando la política de cobertura que ha demostrado ser ineficaz y foco de corrupción en el sector, ratificar la gratuidad y universalidad de la educación en todo el territorio nacional y en todos los niveles educativos, cubrir los pasivos de la universidades públicas y ampliar sus programas que redunden en la investigación, informática, y demás ciencias del conocimiento.

E). En la salud: Recuperar el Seguro Social y las redes públicas departamentales y municipales de salud, cumplir los pasivos financieros de los hospitales, dotar los centros y puestos de salud asi como los hospitales con instrumentos y equipos modernos de alta tecnología que beneficien el estado de salud de los colombianos y compitan con las instituciones privadas en igualdad de condiciones.

F). En Vivienda: Brindar verdaderas soluciones de viviendas tanto en lo urbano como en lo rural, habilitar los bancos de tierras en los entes territoriales para beneficiar a la vivienda de interés prioritario y/o de interés social, recuperar del sector privado la política de vivienda oficial.

G). Servicios Públicos: Nacionalizar nuevamente las empresas prestadoras de servicios públicos, cubrir todos los municipios del país con servicios domiciliarios óptimos y de calidad, implementar nuevamente el subsidio de los estratos altos para con los bajos.

H). Endeudamiento: Decretar la moratoria sobre los intereses de la deuda externa, y por ende el congelamiento de pago hasta por un período de 20 0 30 años. Colombia es el único país que paga puntualmente este concepto ante la banca multilateral. Los endeudamientos que se adquieran deben propender por beneficiar a la población y no para obras de infraestructura, cesar la política de concesión en obras civiles.

I). En lo Comercial: Derogar los tratados de libre comercio en donde Colombia no tenga oportunidad de competir con los volúmenes de mercaderías provenientes de las potencias industriales y comerciales del mundo, debe imperar un comercio justo y equilibrado entre las partes.

 Finalmente recordarle al gobierno nacional, al establecimiento en general, que la paz es un derecho fundamental de rango constitucional, por demás consagrado en la carta de 1991 y convenios internacionales de los cuales Colombia es estado parte, y por ende, el presidente de la república, no se puede abrogarse per se, la facultad de ser el único animador de la paz en Colombia, esa llave de la cual habla, debe ser entregada a las organizaciones de los sectores sociales que interactúan jurídica y válidamente en el país, para que la propuesta sea discutida desde la soberanía popular - constituyente primario, y luego ser presentada ante el Estado y las partes entreveradas en el conflicto.

 Pero de igual manera, precisamos que los empresarios o sus agremiaciones –Fenalco, Andi, Fedegan, ministros, entre muchos otros- no pueden posar de representantes legítimos del pueblo, en virtud a que ellos, han sido en gran parte, los generadores de las desigualdades con las que se ha agitado el mismo conflicto durante más de seis décadas, por tanto serán o deben ser considerados como aliados del establecimiento, como en idéntica categoría ha de mirarse a  las hordas paramilitares que han sido financiadas por unos y otros.

 En este orden de ideas, considero que en la gran mesa nacional de la paz, deben estar sentados por un lado: Gobierno y empresarios, la insurgencia, la clase popular representada en organizaciones sociales y delegados de organismos internacionales a título de veedores del proceso.

 De igual manera, somos del criterio que la paz no se puede pactar con el tableteo constante de las balas, no estamos propendiendo por despejes territoriales de zonas determinadas, sino que estos escenarios se hagan de manera abierta y de cara al país, en la plaza pública, con la utilización de medios virtuales para aquellos actores que no consideren el pleno de sus garantías de seguridad y permanencia para discutir frente a su adversario. Entonces se propone:

• En primer lugar debe pactarse un cese al fuego y de hostilidades por las partes combatientes,
• Designación de los compromisarios por las partes,
• Frecuencia y disponibilidad de Skipe para aquellos que no puedan llegar al escenario de manera presencial o puntual,
• La designación y ubicación de unas mesas regionales que permitan recoger las expectativas de gran parte del pueblo colombiano y luego si, serán objeto de  análisis, discusión y desarrollo por una mesa nacional,
• Se deben colocar o fijar tiempos para el desarrollo metodológico y programático de la propuesta.
• Con los veedores, fijar unos términos prudenciales para el seguimiento y verificación de lo pactado antes, durante y después de la mesa nacional de la paz.

 Finalmente, expresarles que si el establecimiento no quiere asumir su papel constitucional y legal de explorar escenarios de paz, hacemos una convocatoria a todas las organizaciones sindicales y sociales a nivel nacional para que desde abajo, iniciemos este ejercicio, estructuremos los documentos pertinentes y posteriormente hagamos uso de las herramientas jurídicas para obligar al Estado a actuar, frente al tema de la paz de los colombianos.

 Abrazo revolucionario,

 (Firmado original)

DIEGO ESCOBAR CUELLAR

DPTO. LUCHA CONTRA ETN’s Y SOLIDARIDAD

SUBDIRECTIVA CUT – VALLE DEL CAUCA

CARTA ABIERTA DE PIEDAD CORDOBA..ANTE NUEVA ARREMETIDA MEDIÁTICA DE LA EXTREMA DERECHA COLOMBIANA

CARTA ABIERTA DE PIEDAD CORDOBA

Carta abierta a los ciudadanas y ciudadanos del Partido Liberal colombiano y a la opinión pública nacional e internacional

Hace un mes, en mi calidad de dirigente política y social, expresé en el municipio de Miranda, Cauca, mis puntos de vista acerca de los derechos de la población. Hoy, me he enterado de la polémica que dicha visita generó, debido a unas imágenes editadas y publicadas por algunos medios de información que las recibieron de fuentes oficiales.

Conociendo las reacciones del presidente del Partido, Sr. Simón Gaviria, en las que se refiere a mis palabras como alejadas de los postulados ideológicos del Partido Liberal, y las del procurador Alejandro Ordóñez, que junto con algunos otros altos funcionarios piden se me procese por diferentes delitos, deseo manifestar que estoy dispuesta a aclarar mi responsabilidad jurídica y política, y ante todo mi responsabilidad moral con Colombia.

En tal sentido, es irónico que quienes han promovido de una u otra forma decisiones políticas a espaldas de los intereses del país, indiferentes a las injusticias, exclusiones, discriminaciones que viven cientos de comunidades indígenas, campesinas, afro descendientes, sectores urbanos empobrecidos, sectores medios, mujeres, y personas con diversas opciones sexuales, y en genaral amplios sectores sumidos en la desigualdad, se asuman como jueces, desbordando nuevamente sus competencias o pretendiendo ganar legitimidades para sus intereses.

Me acusan de “instigar al delito”, "asonada", "concierto para delinquir" e "incitar a la violencia" por referirme básicamente al retiro de las bases militares que ponen en peligro a la población y por sumarme al llamado que pide la revocatoria del Congreso y que algunos sectores plantearon al mandato del Presidente.

Mis declaraciones son legítimas, justificadas y precisas, y acuden al supremo recurso del pensamiento y la libertad de opinión que convoca la acción civilista y pacífica, como lo vengo sustentando sin dobleces hace muchos años, siempre en el marco de los principios de un Estado democrático moderno. Parte de ese legado histórico del derecho y del humanismo se encuentra en obras y valores incluso anteriores a la Revolución Francesa de 1789, en Tomás de Aquino, Tomas Moro, Pedro Claver. O en nuestra historia, basta detenerse en pasajes de la vida de José Antonio Galán, asesinado en 1782, hace 230 años, o en el pensamiento de Gaitán, Uribe Uribe, López Pumarejo. O en una mirada universal al repasar la obra de Henry David Thoreau sobre la desobediencia civil, o a autores como Mahatma Gandhi o Martin Luther King.

Por que evidentemente en la modernidad, en un Estado de Derecho se comprende con nitidez la diferencia entre los delitos que desean se me imputen instigación y la legitimidad de la actuaciòn en libertades, en conciencia y en Derecho.Lo que he hecho, en relación con la situación que padece el norte del Cauca, y también, otras regiones, es recordar que hay al menos dos derechos de primer rango a los que la población no puede ni debe renunciar:

1. El derecho humanitario, que prohíbe que las partes contendientes, sean militares o guerrillas, se instalen entre la población civil para convertirla en escudo, protegiéndose indebidamente, exponiéndola o haciéndola objetivo de acciones bélicas.

El derecho internacional es claro en este aspecto, por lo tanto invito a un debate público, pluralista y respetuoso de las diferentes posturas jurídicas y políticas sobre esta materia. Colombia necesita un cambio en la política, cuyo primer objetivo debe ser no acrecentar más la militarización y el saqueo, sino abrir la puerta para un diálogo de todo el país, de todos los sectores, de todas las regiones porque son necesarias la paz y el logro de la justicia social.

2. El derecho a la protesta, a la opinión, a la desobediencia civil y a la objeción de conciencia, respaldado en el pensamiento humanista liberal y social. Se expresa, en este caso, de dos maneras: en primer lugar llamando a la defensa pacífica por y desde la población civil atacada, velando por su protección, su libertad, derechos y recursos, desde su propia cosmovisión, a favor del territorio que está siendo militarizado y cruzados por dos modelos de desarrollo de la guerra. En segundo lugar, adhiriendome al torrente que muchos ciudadanas y ciudadanos han desatado, de la necesidad de revocar el mandato de poderes que no están salvaguardando intereses sociales o públicos sino amparando solamente los intereses privados.

En el transcurso de mi quehacer político siempre he acompañado las justas reclamaciones en derecho de comunidades indígenas, de campesinos, de mujeres, de afro descendientes; asi como otras expresiones para que los derechos de los colombianos sean una realidad. Mi presencia en Miranda, respondió al acompañamiento solidario, humanitario y humanista que durante años he realizado a procesos políticos y sociales y mi compromiso con la búsqueda de la paz y la justicia social.

Ess claro, y ess un menosprecio a su memoria ancestral, su creatividad y valentia, que las comunidades indigenas, quienes padecen,como otros sectores, el conflicto armado claman por la humanización y la paz, que sus movilizaciones, que han desarrollado por sí mismos hace muchos años, sin mis expresiones de solidaridad y de preocupación, en el Cauca y decenas de regiones del país, son una prueba de esa firme voluntad colectiva que busca hacer realidad el sagrado Derecho a la Paz, que consagra el artículo 22 de la Constitución Nacional.

Estas manifestaciones, al igual que las campesinas y afrodescendientes, y de otros sectores de la sociedad, indican la necesidad de dialogar, ante los costos en vidas y daños irreparables para los civiles, para los combatientes de los bandos enfrentados, para la economía del país, por los efectos sociales y ambientales que hacen inviable una sociedad reconciliada en una democracia profunda.

Los momentos que vivimos de crisis en diversos planos son una invitación al país, los colombianas y colombianos sin distinción, en decidir por la búsqueda de la paz en una democracia politica, social, ambiental o una guerra prolongada, o la esperanza o un aniquilamiento lento, doloroso, inhumano, destructivo.

Piedad Córdoba Ruiz
28 de julio de 2012

COLOMBIA, RESISTENCIA INDIGENA EN 5 NOTAS PERIODISTICAS

RESISTENCIA INDIGENA EN COLOMBIA: Cuando las cartas que proponen paz se responden con gases

http://elturbion.com/?p=4447

Por: Andrés Monroy Gómez – julio 17 de 2012

En medio de la crisis humanitaria que padecen los indígenas del norte del Cauca, éstos decidieron enviar sendas comunicaciones a las partes que se disputan por la vía armada sus territorios: Estado y guerrilla. Al día siguiente, la respuesta del Estado llegó convertida en gases lacrimógenos.

El contenido de las cartas enviadas al presidente Santos y al comandante de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep), Timoleón Jiménez, se traduce en una referencia intachable a los argumentos de las poblaciones indígenas sobre su política de resistencia civil y pacífica frente a todos los ejércitos enfrentados en el conflicto colombiano. Son comunicaciones públicas y directas, sin intermediarios ni sofismas que desorienten a los lectores.

“La estrategia del Estado ha sido y será un fracaso”

Las autoridades indígenas del Cauca, agrupadas en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ‘Cxhab Wala Kiwe’ (ACIN) y el Consejo Regional de Indígenas del Cauca (CRIC), enviaron una carta dirigida al presidente de la República, Juan Manuel Santos, desde su posición de “paz, dignidad y autonomía, y con el respeto que mantenemos por todos los actores políticos del país, indispensable para lograr la paz”.

En esta misiva, los indígenas le recuerdan al Estado que su petición fundamental es el “derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas”, retomando en su justificación varios instrumentos jurídicos internacionales, aceptados por el ordenamiento jurídico colombiano.

Recalcan los indígenas que sus peticiones de autonomía molestan tanto al Estado como a la insurgencia “pues la autonomía es contraria a cualquier modelo territorial o político que pretenda uniformar desde afuera o desde arriba a las comunidades, o que no cuente con nosotros”, por eso, concluyen, “la estrategia del Estado ha sido y será un fracaso”

Los indígenas asumen el conflicto armado como “una enfermedad crónica sin otro destino que degradarse diariamente”, recordando que sus territorios han sufrido esta confrontación desde hace 50 años, en los cuales el Estado ha implementado toda suerte de estrategias militares, fallidas en su totalidad.

La frustración causada dentro de los estamentos oficiales los ha llevado a acusar a la población y a las organizaciones indígenas de proteger a la guerrilla, desconociendo, de esta manera, a todos los indígenas integrantes de las comunidades que han resultado víctimas dentro de las comunidades asesinados en medio del conflicto: más de 60 muertos en los últimos tres años y casi 600 damnificados son el saldo dejado por un conflicto que no es de ellos. “Pero a alguien de su gobierno se le ocurrió que proteger la vida de los indígenas no era importante”, agregan en la carta.

Una de las propuestas presentadas por los indígenas al Gobierno Nacional es el “respeto a los diálogos humanitarios realizados por las autoridades indígenas con los actores armados”. Esta propuesta surge de propia experiencia de los pueblos indígenas, que les ha demostrado que las operaciones militares desplegadas por diferentes gobiernos no han servido para proteger su vida e integridad sino que han terminado vulnerando sus derechos fundamentales, por lo que para ellos resulta más efectivo adelantar conversaciones directamente con los actores armados que operan en sus territorios. Las principales exigencias que hacen a todos los actores armados –Fuerza Pública, guerrilla, paramilitares y crimen organizado– son: no reclutar menores; no ejercer violencia sexual contra las mujeres; no utilizar armas de efecto indiscriminado, tales como los tatucos, pero también los bombardeos y ametrallamientos; y respetar la autonomía plena las organizaciones indígenas y sus formas propias de gobierno y justicia.

Concluyen su comunicación a Juan Manuel Santos recordándole que en 2011 pidieron al gobierno que la reconstrucción de Toribío, Corinto y Caldono “fuera rápida y digna, por parte de la comunidad, mediante procedimientos civiles, sin involucramiento militar”. A pesar de la claridad de esta petición, importantes zonas de estas poblaciones siguen destruidas o bajo constante intervención militar en la cotidianidad civil, creando un ambiente de riesgo para los habitantes de esos municipios. “La respuesta del gobierno a las víctimas de la violencia política no puede utilizarse para propósitos de propaganda institucional”, afirman los indígenas.

Sobre el conflicto armado, la interpretación hecha por las autoridades indígenas es contundente: “resulta claro que en el curso de esta guerra el Estado no podrá exterminar a la insurgencia y que la insurgencia no podrá transformar su guerra irregular en una alternativa de poder. Se necesita terminar la guerra y empezar a construir la paz”.

“No queremos la presencia guerrillera, ni de ningún ejército, porque estos territorios son nuestros”

Las autoridades indígenas del norte del Cauca también enviaron una carta a Timoleón Jiménez, comandante de las FARC. En ella recalcan que los pueblos indígenas no le han declarado la guerra ni a la guerrilla ni al Estado y que sus acciones son cuidadosas para no darle ninguna ventaja militar a ninguno de los actores armados. Así, los indígenas garantizan su estatus de persona protegida por el Derecho Internacional Humanitario.

De la misma manera, le recuerdan al comandante de las FARC que desde la Declaración de Vitoncó, en 1985, las organizaciones indígenas afirmaron que no aceptan a las fuerzas guerrilleras en los territorios indígenas. “No queremos la presencia guerrillera, ni de ningún ejército, porque estos territorios son nuestros desde tiempos inmemoriales. Si hoy están dentro de la República de Colombia es porque desde la Conquista española nos las han venido robando”.

La presencia de las fuerzas guerrilleras es considerada como un factor innecesario que, además, genera intranquilidad e inseguridad para la comunidad pues “la guerrilla no nos protege de los atropellos de la Fuerza Pública: cuando llega el Ejército los guerrilleros se van y se cuidan entre ellos. Tampoco impiden que lleguen las transnacionales, [pues] para conseguir los recursos que sostengan su ejército, hacen acuerdos con ellas”.

Las peticiones son claras: “salgan de los territorios indígenas del Cauca, aléjense de los sitios poblados y de vivienda, no ataquen más a la población civil, no realicen más ataques que con toda seguridad van a afectar a la población civil aunque pretendan atacar sólo a la Fuerza Pública, no usen armas de efecto indiscriminado como los llamados tatucos o las minas antipersonales, no se atrincheren en las casas, díganle a los milicianos que no guarden armas ni explosivos en las viviendas de las familias”.

Concluyen esta comunicación de la misma manera en que lo hicieron en la carta enviada a Juan Manuel Santos: “Cuenten con nosotros para la paz. Nunca para la guerra”.

RESISTENCIA INDIGENA EN COLOMBIA: Campesinos de Miranda: ejemplo de resistencia a la guerra

• http://elturbion.com/?p=4394

Por: Luis Alfonso Mena S. * Julio 12 de 2012

La defensora de derechos humanos Piedad Córdoba, lideró el jueves 28 de junio una nutrida y emotiva jornada de solidaridad con los 2.000 campesinos de la zona rural del municipio de Miranda, norte del Cauca, que exigen el retiro de tropas del ejército ubicadas en el cerro Calandaima, al considerar que su presencia pone en riesgo las vidas de los pobladores de áreas agrícolas cercanas afectadas por la guerra que se libra en la zona.

Más de 500 personas procedentes del Valle, Bogotá y el Cauca llegaron hasta el sitio con víveres y ayuda para la comunidad, en el marco de la Caravana por la Vida, la Armonía Territorial y la Paz, promovida por el Movimiento Político Marcha Patriótica.

Al intervenir en la masiva asamblea llevada a cabo en lo alto de la montaña, donde los campesinos resisten desde el 23 de mayo y obligaron al repliegue de las tropas, Piedad Córdoba anunció que la Marcha Patriótica seguirá solidaria con los labriegos y las comunidades indígenas en el norte del Cauca, el sur del Valle y en todo el país.

“Este territorio lo vamos defender cueste lo que cueste, porque esta es la voz del pueblo, no vamos a dejar que lo ocupen, vamos a resistir”, dijo la dirigente popular. “Tenemos la fuerza moral, y nos van a tener que oír. Si nos toca venir a dormir aquí, lo vamos hacer: que se enfrenten con el poder del pueblo”, agregó.

Según Piedad Córdoba, “estamos en resistencia contra la locomotora de la muerte, no vamos a permitir que se sigan robando el territorio. Está en firme el plan de consolidación popular con Marcha Patriótica”.

De igual manera, reveló que este movimiento lanzará una gran campaña por la revocatoria del Congreso de la República, como mecanismo para enfrentar de manera radical la crisis de esta desprestigiada institución.

Asimismo, señaló que Marcha Patriótica avanza en acercamientos con otros movimientos sociales, como Congreso de los Pueblos y Minga Indígena, en la perspectiva de desarrollar jornadas conjuntas de luchas populares.

La jornada, cumplida con pleno éxito, contó con la presencia de dirigentes populares del norte del departamento del Cauca y de líderes estudiantiles, sindicales, campesinos, culturales y sociales de diferentes regiones del país.

“No aceptamos el plan de guerra”

Cristóbal Guamanga, coordinador del Comité Departamental de Organizaciones Populares del Cauca, explicó ante los presente en la asamblea la lucha de la población de la región y dijo en tono enfático: “Rechazamos el plan de consolidación del gobierno por ser lesivo para las comunidades, no aceptamos ese plan de guerra”.

El dirigente campesino sostuvo igualmente que sólo “cuando la zona quede libre de militares la gente podrá volver tranquila a sus parcelas”, al tiempo que denunció que los labriegos son objeto de hostigamientos. “No más guerra aquí, una base militar es muy peligrosa”, agregó.

Guamanga destacó la solidaridad recibida de las alcaldías de los municipios de la zona y puntalizó: “No aflojaremos, porque si lo hacemos no solo perdemos aquí sino que pierde todo el país”.

Por su parte, un vocero de la Red de Derechos Humanos, Isaías Gutiérrez, denunció el asesinato del líder popular de Caloto, Gustavo Londoño, en tanto que un dirigente del Sindicato Unitario de Educadores del Cauca, Sutec, reveló que desde hace quince días los 3.500 estudiantes del colegio Fernández Guerra soportan la presencia de 300 agentes policiales acantonados en el establecimiento educativo.

Un vocero de la comunidad de Pradera recordó que son siete los municipios de la llamada zona de consolidación decretada por el gobierno de Juan Manuel Santos en su guerra contra la insurgencia, y reclamó la desmilitarización del área, que incluye los municipios de Corinto, Caloto, Miranda, Padilla, Toribio, Florida, y Pradera.

Carlos Cuadros, otro de los líderes sociales presentes, aseveró: “La guerra no puede ser nuestro futuro, la paz no es una concesión de la oligarquía sino una construcción de nuestra lucha. El Cauca no está solo. Forjaremos la paz con más pueblo”.

En similares términos se pronunciaron voceros de las comunidades de Florida y Caloto, mientras que un portavoz de la Asociación Indígena Avelino Ul de Toribio, reveló que desde hace tres semanas a diario hay confrontaciones armadas en el casco urbano de su municipio, con el agravante de que los militares se atrincheran en el colegio y en la escuela del municipio.

Durante la masiva asamblea hicieron uso de la palabra para expresar su solidaridad con los campesinos de Calandaima y denunciar las vicisitudes que afrontan Fredy Chate, presidente de la Asociación Campesina de Miranda, una dirigente viviendista de Popayán y un vocero de Sintraimey.

La presencia estudiantil y juvenil

Fue destacada la presencia de un numeroso grupo de estudiantes de Bogotá, el Cauca y Valle del Cauca pertenecientes a la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, la Universidad del Valle y el Proceso de Unidad del Sur Occidente Colombiano.

Con cánticos, alegría y un solidario aporte económico recaudado entre el estudiantado expresaron su respaldo a la lucha de los pobladores de Calandaima.

A lo largo de la jornada, una brigada de salud del Movimiento Marcha Patriótica otorgó asistencia médica a los pobladores del cerro, de manera especial a los niños.

Al final, la Compañía El Teatro Vive brindó un acto cultural, un grupo musical de la región interpretó varias canciones y los asistentes disfrutaron de una gran olla comunitaria.

La jornada, iniciada a las 8:00 a.m., culminó poco antes de las 5:00 p.m., cuando los participantes de la caravana descendieron del pico de la montaña para retornar en las ‘chivas’ y buses en que se habían transportado.

En Calandaima, entre tanto, la comunidad continúa resistiendo, dando un ejemplo inédito de rechazo a la guerra, ejemplo que toda Colombia debe conocer, por encima del silencio de los grandes medios de comunicación.

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Colombia: Resistencia indígena, “Que se vayan a hacer su guerra a otra parte”

Por: Omar Vera – julio 18 de 2012

Rafael Coicué, líder de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), explica las razones que llevaron a las comunidades indígenas a movilizarse exigir la salida de los actores armados de sus territorios y a desmontar el puesto de avanzada militar del cerro de las torres de la vereda Berlín del municipio de Toribío (Cauca). Asegura que su intención no es crear una ‘república paralela’, ‘agredir a la Fuerza Pública’ o servir a los propósitos de la guerrilla, como aseguran de forma malintencionada el presidente Santos y el ministro de Defensa, sino el respeto por la Constitución y los tratados internacionales sobre los pueblos indígenas, que exigen que sus territorios ancestrales no sean objeto de operativos militares y que la instalación de cualquier tipo de infraestructura por parte del Estado cuente con consulta previa. Llamó a los colombianos a no condenar los procesos de los indígenas sin concer la verdad sobre lo que ocurre con los pueblos que habitan el departamento y a solidarizarse ante unas acciones gubernamentales que pueden desencadenar una violencia sin precedentes en su contra.

Colombia: resistencia indigena, ¿Qué es lo que más te indigna?

Por: Comunicaciones CRIC – julio 23 de 2012

Es realmente preocupante y confusa la doble moral del gobierno colombiano, que habla de la seguridad, pero que incita la guerra y ordena a su Fuerza Pública que ataque a la población civil, como lo ordenaron el presidente Santos y el ministro de Defensa el día de 17 de julio de 2012 por los diversos medios de comunicación, para que se actuara violentamente, supuestamente en ‘legítima defensa’ frente a las supuestas agresiones de la comunidad indígena.

Como es sabido, los pueblos indígenas sólo portamos bastones de mando, que representan nuestra autoridad y resistencia civil, siendo totalmente desproporcionada la acción de la Fuerza Pública, que nos ataca con fusiles, granadas de gas y explosivos, siendo obvia la inexistencia de la circunstancia eximente de responsabilidad penal llamada legítima defensa.

Como consecuencia de las órdenes del gobierno colombiano, hombres de la Brigada XXIX del Ejército Nacional, el día 18 de julio de 2012 en horas de la mañana, asesinaron al comunero Eduar Fabián Guetio Basto, perteneciente al Cabildo Indígena de la Laguna Siberia, cuando transitaba por su territorio cerca a su residencia en la vereda Crucero El Rosario.

Con indignación y dolor, vemos como en los medios de comunicación se publican, de manera insistente, imágenes de un militar llorando indignado por que le echaron tierra y lo empujaron, pero no se muestra el rostro desfigurado del comunero asesinado por el Ejército colombiano ni, mucho menos, el dolor de su familia y de su comunidad por la magnitud de este hecho repudiable.

El accionar legitimo de los pueblos indígenas del Cauca está soportado por las leyes nacionales e internacionales; por el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado colombiano a través de la Ley 21 de 1991; por la sentencia T-025 y el Auto 004 de la Corte Constitucional y el bloque de constitucionalidad vigente, que reconocen los derechos que el gobierno pretende desconocer, con lo cual existe un estado de necesidad total que obliga a las comunidades indígenas a salvaguardar la vida y la pervivencia como pueblos.

RESISTENCIA INDIGENA: “Cuenten con nosotros para la paz y nunca para la guerra”

http://elturbion.com/?p=4525

Por: Christian Peñuela – julio 25 de 2012

Los indígenas del norte del Cauca, agrupados en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), hicieron un llamado al país para que acompañe su exigencia de que los actores armados salgan de sus territorios, pues su presencia y la instalación de bases y campamentos no sólo los pone en riesgo permanente sino que vulnera su autonomía y va en contra del Derecho Internacional Humanitario.

Los pueblos indígenas resisten a la guerra

Actualmente, el Cauca cuenta con el patrullaje constante de aproximadamente 14.000 militares y un número desconocido de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep), que han concentrado su confrontación en los municipios del norte del departamento. Luego de los combates en Toribío; del desmonte de una base militar en Miranda, a manos de campesinos, y de otra en Toribío, por parte de la guardia indígena; y del asesinato de tres jóvenes indígenas por disparos de fusil al parecer provenientes de los militares, un sinnúmero de periodistas nacionales y extranjeros está a la expectativa del desenlace de la crisis humanitaria causada por el conflicto armado y manifestada por la resistencia indígena en los municipios de Jambaló, Toribío, Caldono, Caloto y Miranda.

Las organizaciones indígenas expresaron su rechazo por el asesinato del comunero indígena Eduar Fabián Guetio Bastos, joven de 20 años que fue víctima de disparos originados en un retén del Ejército Nacional ubicado en cercanías del resguardo La Laguna Siberia del municipio de Caldono, el pasado 18 de julio en horas de madrugada. Esta situación motivó a la comunidad y a la guardia indígena a retener a 36 militares, los cuales fueron conducidos desde el lugar de los hechos hasta la plaza central de Caldono, donde los familiares de la víctima y las autoridades indígenas realizaronun acto simbólico de castigo a los soldados, y finalmente los entregaron a la Defensoría del Pueblo del Cauca.

De igual manera, los líderes indígenas insistieron en que la posición que han asumido las comunidades es de neutralidad en la confrontación armada y que miente el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, cuando asegura que los indígenas del norte del Cauca han desalojado a los militares de la base de Berlín en Toribío para colaborar con las acciones armadas de la insurgencia. En este sentido, destacaron el desalojo de guerrilleros en varios puntos del territorio indígena por parte de la guardia y el proceso, según su justicia tradicional, en contra de tres milicianos retenidos en el marco de la jurisdicción especial indígena, en la vereda Belén del municipio de Tacueyó, a quienes se aplicaron castigos de cepo y fuete en público por realizar actividades militares en sus territorios.

Respecto al anuncio del gobierno y de la Fiscalía sobre su intención de abrir procesos penales contra varios líderes indígenas, Juvenal Arrieta, consejero de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), señaló que “le queremos decir a la sociedad colombiana que un acto de judicialización arbitraria contra los dirigentes indígenas del norte del Cauca es un acto ilegal y, por supuesto, de discriminación institucional en cabeza del Ministerio de Defensa y el presidente […] cuando la guardia indígena hace control territorial está contribuyendo a la construcción de un Estado democrático por la vía civil”.

En este sentido, las organizaciones indígenas aseguran que el gobierno viene incumpliendo las leyes nacionales e internacionales al desconocer la legitimidad propia de la autonomía indígena en sus territorios. Para las comunidades, se viene haciendo caso omiso de que el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional advirtió claramente que el conflicto armado en Colombia ha promovido el exterminio físico y cultural de los 87 pueblos indígenas reconocidos por el Estado colombiano, de los cuales 34 están en riesgo de extinción étnica. Siete de los pueblos indígenas en mayor peligro se encuentran en el departamento del Cauca.

En su jurisprudencia, la Corte Constitucional consideró indispensable la realización inmediata de planes de salvaguarda y protección por parte del Estado dirigidos a estas comunidades indígenas, lo cual no ha sido implementado hasta la fecha. De acuerdo con Armando Valbuena, expresidente de la ONIC, “detrás de la agudización del conflicto armado están los intereses económicos de [empresas] multinacionales, agentes nacionales y grupos ilegales […] porque la minería se ha convertido en uno de los combustibles de los actores del conflicto armado”.

De igual forma, el Artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblo... exige que se consulte a las autoridades indígenas antes de realizar cualquier acción militar en sus territorios, lo que nunca se ha hecho con los nasa del norte del Cauca.

Por estas razones, las organizaciones indígenas exigen una visita extraordinaria del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, para que la crisis humanitaria del Cauca pueda ser verificada directamente por el ente internacional. Adicionalmente, exigen una audiencia extraordinaria para la evaluación e implementación de lo dispuesto en el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional.

Crisis humanitaria y propuestas de paz

Según un estimado de la Consejería Mayor del CRIC, en tan sólo 18 meses se han presenciado 600 acciones armadas en territorios indígenas del norte del Cauca, cobrando la vida de centenares de indígenas entre las aproximadamente 2.500 víctimas civiles.

Antonio Navarro Wolff, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, afirma que es entendible la postura de los indígenas, dada la situación de los municipios del norte del Cauca, y que las comunidades en Toribío han presenciado más de 400 combates durante los últimos diez años y que, por esto, “deben sentir que no es eficaz la acción de la Fuerza Pública y que el Estado no los está defendiendo”.

Por su parte, Ana Deida Secué, gobernadora del resguardo Huellas de Caloto, afirma que la confrontación entre actores armados en los territorios indígenas ha puesto en grave riesgo a las comunidades. En este sentido, relata que “tenemos unos sitios de asamblea permanente dentro de las comunidades, como son las escuelas y los puestos de salud, y es ahí donde caen explosivos, como sucedió con la misión médica de la IPS en Toribío, con una enfermera y 12 niños heridos”, indicando en que en esta zona del departamento del Cauca la guerra “está desplazando en tan sólo un día a más de 300 familias y están dejando de ir a clases más de 4.500 niños, los cuales pierden una semana de clases por enfrentamiento”.

Debido a la situación de extremo riesgo que afrontan las comunidades indígenas por la intensificación del conflicto armado, diferentes organizaciones han asumido la necesidad de buscar a los distintos actores armados e impulsar diálogos regionales de paz, a pesar de que actualmente la Ley establezca que el presidente de la República es el único con autoridad para implementar procesos de negociación. La emergencia impuesta por los combates en Toribío del 7 de  julio, que llevaron a que la enfermera de la IPS indígena perdiera una de sus piernas, dejaron 14 heridos, 40 viviendas afectadas y unos 800 desplazados, llevó a que la ACIN enviara una nueva carta a la guerrilla de las FARC, exigiendo la salida de sus combatientes de los territorios ancestrales, y a que la guardia indígenase lanzara al desalojo de campamentos guerrilleros y de puestos de avanzada militares ubicados en las tierras que les pertenecen a los pueblos originarios

Ambas acciones de resistencia se sustentan en la búsqueda de pactos locales que permitan mantener a la población civil, a los no combatientes, fuera de la confrontación de los actores armados para defender la vida e integridad de las comunidades. A pesar de los señalamientos por parte del gobierno y de la fuerte represión que la Policía y el Ejército han desatado en el norte del Cauca, las organizaciones indígenas recuerdan a quienes se enfrentan en sus territorios que no son bienvenidos allí y que, como afirma Ana Deida Secué afirma, “cuenten con nosotros para la paz y nunca para la guerra”.